Una de las promesas electorales de Alan García es la instauración de la pena de muerte para violadores de menores de edad. El reciente crimen de La Oroya, donde una menor de apenas dos años de edad fue violada y asesinada, ha vuelto a poner el tema sobre el tapete. En el Congreso, la Comisión de Constitución se encargará de debatir el tema. Su presidente, Aurelio Pastor, ya se ha pronunciado a favor de la pena de muerte. En este artículo, exploraremos brevemente los argumentos a favor y en contra.
Al castigar a alguien que es considerado culpable, perseguimos sobre todo tres objetivos: (1) Retribuir el daño que el culpable ha infligido a otras personas. (2) Lograr que el culpable aprenda de sus errores y, de esta manera, logre su reinserción a la sociedad. (3) Intimidar a potenciales delincuentes futuros.
La argumentación a favor de la pena de muerte se basa en el primer y el tercer objetivo: Se considera que el daño hecho es tan grande que la única retribución justa consiste en terminar con la vida del delincuente. Además, se argumenta que la pena capital ahuyentará a otras personas con las mismas intenciones.
El primer argumento es problemático, pues se basa en el principio del ojo por ojo, diente por diente, es decir, en retribuir el daño causado con ese mismo daño: El niño que recibe un puñetazo devuelve otro puñetazo. Según esta lógica, un asesinato ha de ser retribuido con la ejecución y un violador debería ser violado.
Lo cual nos conduce al absurdo, pues la justicia se vería obligada a cometer los delitos que ella misma prohíbe por inhumanos. El castigo justo no implica hacer lo mismo, más bien se trata de castigar recortando la libertad del delincuente con mesura, respetando ciertos parámetros básicos que demuestran que la justicia no se rebaja al mismo nivel de la fechoría.
De este modo, el castigo justo respeta el derecho a la vida y la integridad física y moral del delincuente. En las cárceles, el condenado no puede ser torturado ni aislado eternamente de otras personas, por más atroz que haya sido su delito. Por supuesto, estas condiciones no están dadas en las cárceles superpobladas del Perú donde los delincuentes más poderosos deciden sobre las vidas del resto.
En el Perú, es poco probable que un delincuente que haya cumplido su pena esté en capacidad de reinsertarse a la sociedad. Resulta, pues, por lo menos igual de importante hablar sobre las necesarias reformas en el sistema penitenciario, tema obviado por completo en el discurso inaugural de García.
El segundo argumento (la pena de muerte ahuyentará a posibles futuros delincuentes) es endeble en tanto no existe estudio que demuestre que, en países con pena de muerte, el índice de asesinatos sea menor (fuente:
Amnistía Internacional).
Otro argumento importante en contra de la pena de muerte es la imperfección humana. Todos los seres humanos, incluyendo a la prensa, los jueces y testigos, están sujetos a cometer errores. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de que una persona inocente sea condenada a muerte, lo cual es un hecho irreversible. Aunque sólo haya un inocente entre cien culpables: Esa muerte no se podría justificar. En vista de esta posibilidad, la pena privativa de libertad resulta preferible, pues ésta no es irreversible.
Tal como señala el jurista Franciso Eguiguren (fuente:
diario La República), castigar a los violadores de menores a cadena perpetua sin beneficio penitenciario sería una posible alternativa a la pena de muerte. Vale la pena pensarlo.
